Además, los sistemas de agua potable tendrán hasta 2031 para cumplir con los estándares establecidos para PFOA y PFOS, dos años más de lo previsto originalmente. Según la EPA, esta prórroga permitirá a las empresas públicas y privadas contar con más tiempo para adaptar sus infraestructuras de tratamiento.

Reacciones mixtas

Mientras que organizaciones ambientales y defensores de la salud pública han aplaudido las regulaciones estrictas, las compañías de servicios públicos han manifestado preocupaciones sobre los costos. Instalar sistemas de tratamiento capaces de cumplir con los límites establecidos requiere inversiones millonarias, lo que podría traducirse en tarifas más altas para los usuarios. La industria ha presentado demandas legales argumentando que la EPA no justificó adecuadamente algunas de las restricciones y que carece de autoridad para imponer ciertos límites. También habían solicitado el plazo adicional, que ahora ha sido concedido. Por su parte, expertos como Erik Olson, del Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, advierten que suavizar estas normas podría contradecir la Ley de Agua Potable Segura, que prohíbe que las nuevas regulaciones sean menos estrictas que las anteriores.

Impacto y financiamiento

Aunque los cambios propuestos no afectarán a la mayoría de los sistemas de agua del país, se estima que casi el 12% de ellos superan los niveles permitidos, especialmente en lo que respecta al PFOA y al PFOS. La implementación de esta normativa costaría alrededor de 1.500 millones de dólares anuales, según la EPA. Para aliviar esa carga financiera, el gobierno federal ha asignado 9.000 millones de dólares a través de la Ley de Infraestructura Bipartidista, además de que varias empresas de agua han obtenido compensaciones de fabricantes de PFAS como Chemours y 3M.

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