plomo en Estados Unidos, aunque otras estimaciones elevan esa cifra a 12.8 millones. Estas líneas siguen transportando agua en todos los estados, incluso en aquellos que afirman no tener tuberías de plomo registradas. La falta de información y de inversión ha dejado a muchas comunidades vulnerables en riesgo, especialmente en zonas de bajos ingresos y poblaciones racializadas, que enfrentan tarifas elevadas y mala calidad del agua.

El plan de Biden y la Ley Bipartidista de Infraestructura

Para abordar este problema, el gobierno de Biden lanzó la mayor inversión en infraestructura hídrica en la historia del país, destinando 50.000 millones de dólares a través de la Ley Bipartidista de Infraestructura. De ese monto, 15.000 millones están dirigidos específicamente a reemplazar tuberías de plomo, además de otros fondos estatales disponibles para diversos proyectos de mejora. La EPA propuso una normativa en 2023 que exigiría reemplazar la mayoría de las líneas de plomo en el país en un plazo de 10 años. Sin embargo, expertos aseguran que el costo real de una solución integral supera con creces la inversión actual: se estima que se necesitarán entre 600.000 millones y 1 billón de dólares para modernizar completamente la infraestructura del agua en EE. UU.

Flint y otras ciudades aún esperan justicia

A pesar de los avances, Flint sigue siendo un ejemplo doloroso de lo que ocurre cuando se antepone el ahorro al bienestar. En 2011, medidas de austeridad llevaron a cambiar la fuente de agua sin prever los efectos sobre las tuberías, lo que resultó en un brote de legionela, daños estructurales en miles de viviendas y un profundo trauma comunitario.

A día de hoy, alrededor de 2.000 hogares siguen con patios dañados, aceras rotas y conexiones sin revisar. Mientras tanto, miles de residentes aún no han recibido compensaciones del fondo creado tras las demandas colectivas. El acuerdo por 641 millones de dólares sigue sin distribuirse de manera efectiva.